Las empresas de alquiler de vehículos de Baleares finalmente han desenterrado el hacha de guerra. Al menos así lo han determinado desde la patronal Baleval, adscrita a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) al anunciar que tomarán las medidas legales pertinentes contra el nuevo impuesto propuesto por el Gobierno autonómico en el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias para la Sostenibilidad Financiera de la Hacienda Pública.
Este impuesto -que se anunció el pasado mes de noviembre dentro de la reforma fiscal que ha querido poner en marcha el Ejecutivo balear- supone que por cada vehículo que disponga, la empresa de alquiler deberá abonar una tasa de entre 3 y 7,5 euros al día -según la carga contaminante- para, tal y como indican en el proyecto, compensar el daño medioambiental causado por los automóviles.
Gracias a esta tasa, la Administración insular tiene previsto recaudar cerca de 15 millones de euros, pero desde la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) han advertido que el sector podría sufrir un descenso total de la facturación de las empresas por valor de 54 millones de euros, debido al incremento que tendrían que hacer en el precio medio del servicio –supondría un aumento del 15% en el coste, al que tendría que hacer frente el cliente-.
Igualmente, el presidente de Baleval, Antoni Masferrer, ha apuntado a que este hecho derivará en la pérdida de competitividad de uno de los sectores punteros en las islas y, en consecuencia, afectará previsiblemente a la elección de Baleares como destino turístico.
De hecho, confirman que ya sólo el anuncio de la aplicación del impuesto el próximo mes de abril, está afectando directamente a las reservas turísticas para la próxima temporada porque los intermediarios no están pudiendo cerrar las compras de los paquetes vacacionales que incluyen el alquiler de cualquier tipo de vehículo.
Por ello, desde Feneval también muestran su preocupación respecto a que se trate de una medida que pueda ser tenida en cuenta por otros gobiernos autonómicos y llegue a implantarse en otras provincias especialmente turísticas, en las que el mercado del alquiler de vehículos no ha sufrido los fuertes efectos que la crisis económica ha provocado en otros ámbitos.